Fiscal de Guanajuato plantea analizar que menores sean juzgados como adultos; Libia apuesta por la prevención

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste considera que es momento de analizar si adolescentes que cometan delitos graves deben ser juzgados como adultos. La gobernadora Libia Dennise rechaza endurecer las penas y apuesta por la prevención.

El debate sobre endurecer las sanciones para adolescentes que cometen delitos de alto impacto volvió a tomar fuerza en México y ahora también genera posturas encontradas en Guanajuato. El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, consideró que ya es momento de analizar si los menores de edad responsables de delitos como homicidio, feminicidio, violación o secuestro deben enfrentar consecuencias similares a las de un adulto, aunque aclaró que cualquier modificación corresponde al Congreso de la Unión al implicar cambios constitucionales.

La discusión surgió a partir de una propuesta impulsada por el alcalde de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero, la cual ya fue presentada al grupo parlamentario del PAN en el Senado para su análisis. El coordinador de la bancada, Ricardo Anaya, adelantó que el tema podría discutirse mediante un parlamento abierto con especialistas en derecho, psicología y criminología antes de definir una postura legislativa.

En contraste, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que su administración mantendrá una estrategia enfocada en la prevención del delito, el fortalecimiento familiar y la formación de niñas, niños y adolescentes, al considerar que el incremento de las penas no garantiza una disminución de la violencia.

Las cifras muestran la dimensión del problema. Durante 2026, la Fiscalía de Guanajuato ha procesado a 522 adolescentes por diversos delitos, mientras que el Inegi reportó más de 35 mil adolescentes imputados en México durante 2024, un incremento de 55.4% respecto a 2021. Casos como el de «El Mudo», ocurrido en León, mantienen vigente la discusión sobre la eficacia del actual sistema de justicia para adolescentes y el equilibrio entre sanción, reinserción social y protección de los derechos de las infancias.

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