Empleada del ISSEG habría retirado más de 90 mil pesos de cuentas sin autorización
Miroslava fue vinculada a proceso por presunto ejercicio ilícito del servicio público tras una investigación iniciada por un retiro no reconocido de una cuenta de ahorro voluntario.
Guanajuato.- Una empleada de mostrador del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) fue vinculada a proceso luego de ser señalada por presuntamente utilizar de manera indebida los sistemas informáticos y el lector biométrico de huellas digitales de la institución para realizar disposiciones de dinero sin autorización de los titulares de las cuentas.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que la investigación comenzó después de que un derechohabiente detectó un retiro que no reconocía en su cuenta de ahorro voluntario y solicitó al ISSEG revisar el movimiento.
A partir de la denuncia presentada por la representación legal del Instituto en Guanajuato capital, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició las investigaciones para determinar cómo se había realizado la disposición de los recursos.
De acuerdo con la investigación ministerial, Miroslava, quien se desempeñaba como empleada de mostrador, habría utilizado indebidamente las herramientas y sistemas a los que tenía acceso debido a sus funciones. Entre ellos se encontraba el sistema informático y el lector biométrico utilizado para autenticar operaciones mediante huellas digitales.
Las autoridades analizaron videograbaciones y revisaron diversas operaciones relacionadas con la imputada. Estos trabajos permitieron identificar, según la Fiscalía, varios movimientos que presentaban características similares.
El monto de las disposiciones que la autoridad considera irregulares habría superado los 90 mil pesos.
Durante la audiencia, un juez de Control determinó vincular a proceso a Miroslava por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, al considerar que existían datos de prueba suficientes sobre su probable participación en hechos relacionados con el uso indebido de información y sistemas del ISSEG.
La defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, petición que fue autorizada por el juez durante un periodo de seis meses. Como parte de las condiciones establecidas, la imputada deberá acudir una vez al mes a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares.
Respecto al daño económico, la Fiscalía informó que los hechos también fueron investigados bajo el delito de robo calificado cometido por empleado. Los recursos afectados eran administrados por el ISSEG y, de acuerdo con la autoridad, la institución reintegró las cantidades correspondientes a las cuentas de los derechohabientes afectados.
Al tratarse de un delito patrimonial susceptible de mecanismos alternativos de solución de controversias, el caso fue canalizado al área de mediación en sede ministerial. Ahí, las partes llegaron a un acuerdo reparatorio para resarcir el perjuicio económico ocasionado.
La vinculación a proceso no implica una sentencia definitiva, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades legales que, en su caso, correspondan.
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