Sentencian a 28 años de prisión a “El Patrañas” por homicidio en San Miguelito, Irapuato
José Alfonso “N”, alias “El Patrañas”, fue condenado por matar a un hombre y herir a otro durante un ataque armado ocurrido en diciembre de 2024 en la colonia San Miguelito.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 28 años y 6 meses de prisión contra José Alfonso “N”, alias “El Patrañas”, al acreditar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por una agresión con arma de fuego ocurrida en Irapuato.
Los hechos se registraron alrededor de las 19:36 horas del 26 de diciembre de 2024, en un área de esparcimiento ubicada sobre el andador Cristo Rey, en la colonia San Miguelito.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las víctimas se encontraban conviviendo cuando José Alfonso “N” llegó al sitio a bordo de una motocicleta. El ahora sentenciado habría descendido del vehículo portando un arma de fuego, se acercó al grupo y comenzó a disparar.
Durante el ataque, uno de los hombres intentó escapar para ponerse a salvo, pero también fue alcanzado por las balas. Tras la agresión, el atacante regresó a la motocicleta y huyó del lugar.
Uno de los hombres murió en el sitio como consecuencia de las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego, mientras que la segunda víctima sobrevivió al ataque, aunque resultó lesionada.
La investigación estuvo a cargo de un agente del Ministerio Público, con apoyo de agentes de Investigación Criminal y peritos forenses, quienes reunieron los elementos de prueba que permitieron establecer la participación de José Alfonso “N” en el crimen.
Durante una audiencia de procedimiento abreviado, un juez dictó sentencia condenatoria. Por el homicidio calificado se le impusieron 18 años y 6 meses de prisión, mientras que por el homicidio calificado en grado de tentativa recibió otros 10 años, para alcanzar una pena total de 28 años y 6 meses de cárcel.
Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa y la reparación del daño correspondiente por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios. También fueron suspendidos sus derechos político-electorales durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.
El órgano jurisdiccional negó al sentenciado cualquier beneficio o sustitutivo de la pena.
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