Ernesto Ruffo obtiene suspensión definitiva en amparo; seguirá en El Altiplano por ahora
La resolución del amparo 889/2026 favorece al exgobernador, pero el cambio de prisión preventiva a domiciliaria todavía debe definirse.
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 889/2026, promovido contra la resolución que había rechazado la posibilidad de que cumpliera en su domicilio la prisión preventiva que enfrenta por un proceso relacionado con presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada. La determinación fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca.
La noticia generó versiones encontradas durante este martes 22 de septiembre. Algunos medios reportaron que Ruffo había salido del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria. Sin embargo, posteriormente se difundió una precisión del Órgano de Administración Judicial (OAJ) sobre los alcances de la suspensión. De acuerdo con esa aclaración, la resolución establece que el exgobernador queda a disposición del órgano jurisdiccional que conoce del amparo, en el lugar donde se encuentra internado, respecto de su libertad, mientras permanece a disposición de la autoridad responsable del procedimiento penal para la continuación del proceso.
Por ello, la suspensión definitiva no debe presentarse automáticamente como una orden de salida de El Altiplano ni como una concesión directa de prisión domiciliaria. La defensa busca que la medida cautelar sea modificada para que Ruffo pueda continuar el proceso desde su domicilio. Entre los argumentos utilizados por sus abogados están su edad, actualmente de 74 años, así como cuestiones relacionadas con su estado de salud y la inexistencia, según la defensa, de riesgo de fuga.
Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, y posteriormente fue vinculado a proceso. La Fiscalía General de la República lo relaciona con una investigación sobre una presunta estructura dedicada al contrabando de combustibles y operaciones conocidas como “huachicol fiscal”. La acusación involucra a varias empresas, entre ellas Ingemar, compañía vinculada al exgobernador.
De acuerdo con la investigación atribuida a la FGR, el esquema habría utilizado 11 compañías para introducir al país 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos en 163 carrotanques, con operaciones que, según la Fiscalía, habrían evadido contribuciones fiscales y controles aduaneros. Estos son señalamientos de la investigación y deberán acreditarse durante el proceso penal.
La FGR ha estimado un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos, aunque en julio también se reportó que la imputación inicial contemplaba un perjuicio de 166 millones de pesos relacionado con operaciones específicas. La diferencia corresponde a etapas y alcances distintos de la investigación y no debe presentarse como una cifra única ya determinada judicialmente.
Así, el dato central de la jornada es que Ruffo consiguió una resolución favorable en el juicio de amparo, pero la situación sobre su permanencia en El Altiplano y una eventual prisión domiciliaria debe distinguirse de los efectos concretos de esa suspensión. Hasta la información disponible, el OAJ había precisado que la suspensión no implicaba por sí sola un cambio automático de la medida cautelar.
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