Trump respalda transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan, prevista para diciembre
El exmilitar condenado por el ataque de Fort Hood en 2009 tiene una ejecución por fusilamiento programada para el 3 de diciembre; la posibilidad de emitirla en directo divide a funcionarios y legisladores.
La posibilidad de transmitir en vivo una ejecución por fusilamiento en Estados Unidos abrió una controversia política y de derechos humanos después de que el Pentágono anunciara que planea emitir la muerte de Nidal Malik Hasan, expsiquiatra del Ejército condenado por el ataque armado de 2009 en Fort Hood, Texas.
El Ejército estadounidense informó que la ejecución está programada para el 3 de diciembre de 2026, a la 1:00 de la tarde, hora central, en Fort Hood. El presidente Donald Trump aprobó la sentencia de muerte el 2 de octubre, mientras que el secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó la fecha de ejecución el 6 de octubre. La resolución llegó después de que se agotara la revisión de las apelaciones militares, aunque todavía pueden existir recursos judiciales capaces de retrasar el procedimiento.
Hasan fue declarado culpable en 2013 de 42 cargos relacionados con el ataque ocurrido el 5 de noviembre de 2009, en el que murieron 13 personas y otras 32 resultaron heridas. La ejecución prevista sería la primera de un militar estadounidense desde 1961 y la primera ejecución militar por fusilamiento desde 1945.
La polémica se intensificó cuando Pete Hegseth, secretario de Defensa, afirmó que el Gobierno permitiría que el público presenciara la ejecución mediante una transmisión en vivo. El 9 de octubre, Trump respondió afirmativamente cuando un periodista le preguntó si había aprobado la emisión. Sin embargo, este sábado 10 de octubre el presidente señaló que todavía tomará una decisión definitiva. Argumentó que existen dos posibilidades: mostrar la ejecución o mantenerla fuera de la transmisión pública. Por tanto, el plan de emitirla sigue sin una autorización final inequívoca.
La propuesta ha provocado críticas de legisladores de ambos partidos, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que transmitir una ejecución equivaldría a una ejecución pública y podría vulnerar la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También existen dudas sobre el alcance de la transmisión. La Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense indicó que la decisión sobre una eventual emisión por cadenas de televisión corresponde al ámbito de actuación del Pentágono, mientras que el debate sobre una transmisión por internet plantea cuestiones legales y de distribución.
Por ahora, la fecha anunciada para la ejecución se mantiene, pero la emisión en directo continúa bajo discusión. El caso vuelve a colocar en el centro del debate la pena capital, la dignidad humana y los límites de la exposición pública de la violencia ejercida por el Estado.
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