Aborto en Guanajuato: PAN mantiene rechazo y Congreso no avanza con la despenalización
La Comisión de Justicia tenía previsto analizar tres iniciativas sobre interrupción legal del embarazo, pero el tema no avanzó este 21 de septiembre.
La discusión sobre la despenalización del aborto volvió a quedar sin un dictamen en el Congreso de Guanajuato, a pocos días del plazo que los propios legisladores han señalado para atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este lunes 21 de septiembre, la Comisión de Justicia tenía contemplado en su orden del día analizar y, en su caso, acordar el dictamen de tres iniciativas relacionadas con la interrupción legal del embarazo: la 419/LXVI-I, presentada por Morena; la 420B/LXVI-I, también impulsada por Morena, y la 424/LXVI-I, de Movimiento Ciudadano. El documento oficial del Congreso confirma que las tres estaban contempladas para su análisis.
Sin embargo, de acuerdo con reportes publicados este lunes por medios locales, el tema fue retirado o postergado y no se concretó el dictamen. La información generó nuevos señalamientos entre las bancadas de Morena y PAN sobre la responsabilidad de que el Congreso no haya resuelto todavía las reformas.
Desde la bancada panista, diputadas y diputados han sostenido públicamente que su posición es mantener la defensa de la vida y no respaldar las propuestas de despenalización. Del otro lado, legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano han planteado que el Congreso debe modificar las disposiciones penales señaladas por la Suprema Corte.
El antecedente central es la sentencia del amparo en revisión 525/2024. La Primera Sala de la SCJN determinó en abril de 2025 que el sistema jurídico de Guanajuato que penaliza el aborto voluntario es inconstitucional y señaló que los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal estatal forman parte de ese sistema.
Posteriormente se inició la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025. La documentación legislativa del Congreso reconoce que el procedimiento deriva de la sentencia de la Corte y que el Poder Legislativo recibió un plazo para modificar las disposiciones cuestionadas.
Existe, sin embargo, una diferencia en las fechas reportadas públicamente sobre el vencimiento de ese plazo. Algunas notas de enero y documentos legislativos ubicaron inicialmente el término en marzo o mayo, mientras que la cobertura más reciente del Congreso de Guanajuato y legisladores lo sitúa el 30 de septiembre. Por ello, para esta nota conviene señalar el 30 de septiembre como el plazo referido actualmente por los actores legislativos, sin presentarlo como una fecha jurídicamente incontrovertible.
Mientras el Congreso mantiene en trámite las iniciativas 419, 420B y 424, el debate continúa dividido entre quienes plantean adecuar el Código Penal a los criterios de la Suprema Corte y quienes rechazan aprobar una reforma legislativa en los términos propuestos.
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