Despiden a funcionario de Celaya tras denunciar presiones para entregar datos personales
Gerardo Álvarez García señaló al presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez y a su hijo, Alejandro Ramírez Casillas, de presuntamente solicitar nombres, teléfonos y domicilios de ciudadanos. El alcalde confirmó la separación de tres trabajadores, pero argumentó que detectaron presuntas actividades políticas realizadas con recursos públicos.
CELAYA, GUANAJUATO, 31 DE OCTUBRE DE 2026.– La salida de un funcionario municipal abrió un conflicto dentro del Gobierno de Celaya, luego de que Gerardo Álvarez García denunciara presuntas presiones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y de su hijo, Alejandro Ramírez Casillas, para entregar información personal de ciudadanos que solicitaban apoyos y servicios al Ayuntamiento.
El excoordinador de Delegados, Comités de Agua y Saneamiento Rural aseguró que se negó a proporcionar los registros porque consideraba que podía incurrir en una conducta ilegal. Un día después de un enfrentamiento en la comunidad de San Miguel Octopan, personal de Contraloría acudió a su oficina para iniciar el procedimiento de entrega de su cargo.
El presidente municipal confirmó la separación de tres trabajadores de la Secretaría del Ayuntamiento, entre ellos Álvarez García, pero rechazó los señalamientos y sostuvo que las bajas obedecieron a presuntas actividades de promoción política realizadas durante el horario laboral y con recursos públicos.
Exfuncionario acusa al alcalde y a su hijo de solicitar datos de ciudadanos
En un video difundido el viernes 30 de octubre, Gerardo Álvarez explicó que las presuntas solicitudes de información comenzaron aproximadamente un mes antes, durante una reunión en la sala de juntas de la Presidencia Municipal.
Según su testimonio, en ese encuentro participaron el alcalde y su hijo, Alejandro Ramírez Casillas. Ahí, aseguró, le solicitaron elaborar listas de personas que acudían a las dependencias municipales para gestionar algún apoyo, servicio o atención.
La información requerida, de acuerdo con la denuncia, incluía nombres completos, números telefónicos y domicilios particulares.
Álvarez García afirmó que Alejandro Ramírez Casillas le advirtió que sería despedido si no entregaba la información que le solicitara. El exfuncionario sostuvo que se negó a proporcionar esos registros y que las presiones continuaron después de esa decisión.
También señaló que la petición no se habría limitado a su área, pues, según su versión, otros directores y funcionarios municipales habrían recibido solicitudes similares.
Hasta ahora no se han presentado públicamente oficios, instrucciones administrativas o registros que permitan comprobar quién solicitó formalmente esas bases de datos, cuántas personas estaban incluidas o cuál era el uso que se pretendía darles.
El enfrentamiento en San Miguel Octopan antes del despido
Otro episodio ocurrió el jueves 29 de octubre en San Miguel Octopan, comunidad de Celaya donde Álvarez García realizaba un recorrido por 14 escuelas para visitar los altares de Día de Muertos instalados por estudiantes.
El excoordinador sostuvo que su presencia respondía a una invitación de las autoridades auxiliares y que no participaba en una actividad partidista.
Sin embargo, el alcalde llegó a la comunidad y, según el relato de Álvarez, lo confrontó y le advirtió que sería despedido si volvía a encontrarlo en ese lugar.
La presencia de trabajadores municipales en San Miguel Octopan también fue el motivo que el Ayuntamiento utilizó para justificar las separaciones.
La administración señaló que algunos empleados habrían acompañado actividades de promoción política relacionadas con Daniel Nieto y Edith Moreno, quienes participan en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de aspirantes para 2027.
De esta manera, las versiones sobre lo ocurrido en la comunidad son distintas: mientras el exfuncionario asegura que acudió a una actividad relacionada con los altares escolares, el alcalde sostiene que hubo participación de personal municipal en actividades políticas durante su jornada laboral.
Juan Miguel Ramírez confirma despidos y acusa uso de recursos públicos
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez confirmó que tres trabajadores de la Secretaría del Ayuntamiento fueron separados de sus cargos.
El edil argumentó que su administración detectó presuntas irregularidades relacionadas con el uso de vehículos oficiales, combustible, equipo y tiempo de trabajo para actividades de promoción política.
También advirtió que habrá más bajas si se comprueba que otros empleados utilizan recursos públicos para actividades ajenas a sus funciones.
Durante sus declaraciones, el presidente municipal calificó los señalamientos de Gerardo Álvarez como parte de una confrontación política interna y sostuvo que las listas de personas beneficiarias de apoyos municipales no servirían para favorecer a algún aspirante.
Sobre la posibilidad de presentar denuncias por el presunto uso indebido de recursos, señaló que su equipo jurídico tendría que revisar qué procedimiento corresponde.
En cuanto a su hijo, Alejandro Ramírez Casillas, el alcalde explicó que es asesor del diputado Antonio Chaurand y que acude ocasionalmente a las oficinas municipales para realizar gestiones. No se ha presentado públicamente documentación que aclare si tenía alguna atribución formal para solicitar información a funcionarios del Ayuntamiento.
¿Cuántos funcionarios fueron despedidos en Celaya?
La información sobre el número de trabajadores separados también presenta una diferencia que deberá aclararse.
El alcalde habló públicamente de tres despidos. El jefe de Gabinete, Gustavo Paloalto, reportó que tres procedimientos ya se habían ejecutado y que existía un cuarto caso todavía en trámite administrativo.
Entre los nombres identificados se encuentran Gerardo Álvarez García, Miriam Saraí Torres Estrada y Carlos Alejandro García Silva.
La diferencia entre los tres despidos confirmados y el cuarto procedimiento pendiente es importante para precisar el alcance de las medidas administrativas anunciadas por el Gobierno Municipal.
La administración también señaló que las personas separadas recibirían su liquidación conforme a la ley.
Delegados rurales protestan por la salida de Gerardo Álvarez
La destitución provocó inconformidad entre representantes de comunidades rurales de Celaya.
Once delegados y representantes comunitarios acudieron a la Presidencia Municipal para respaldar a Gerardo Álvarez y solicitar al alcalde que reconsiderara su salida.
Los inconformes señalaron que el excoordinador era el enlace al que recurrían para gestionar necesidades de sus comunidades y dar seguimiento a solicitudes relacionadas con servicios y atención municipal.
Francisco Rodríguez Rodríguez, delegado de Ranchoseco, expresó que los representantes rurales no querían quedarse sin el funcionario que, según afirmaron, atendía sus peticiones.
El alcalde mantuvo su decisión de separarlo del cargo. Por su parte, la administración municipal anunció que buscaría designar a un nuevo coordinador para dar continuidad a las gestiones de las comunidades.
¿Es ilegal entregar nombres, teléfonos y domicilios de ciudadanos?
La denuncia también pone sobre la mesa las obligaciones del Ayuntamiento en materia de protección de datos personales.
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece que las instituciones públicas, incluidos los municipios, deben tratar la información personal conforme a sus atribuciones y para finalidades concretas, legítimas y justificadas.
La legislación contempla principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. También establece que las autoridades solamente deben tratar los datos adecuados y estrictamente necesarios para el propósito que justifica su utilización.
Esto no significa que cualquier intercambio de información entre áreas municipales sea ilegal. Puede existir un tratamiento legítimo cuando responde a funciones institucionales y cumple los requisitos establecidos por la legislación.
Lo que tendría que esclarecerse en el caso de Celaya es quién solicitó los registros, qué fundamento tenía para hacerlo, cuál era la finalidad de la petición y si existió alguna transferencia o utilización ajena a las funciones del Ayuntamiento.
Hasta el momento no existe una resolución pública que determine que se cometió un delito o que se vulneró la información de los ciudadanos.
El caso deja preguntas pendientes en el Gobierno de Celaya
La controversia mantiene dos asuntos que necesitan una explicación documentada.
Por una parte, deben esclarecerse las acusaciones de Gerardo Álvarez sobre las presuntas solicitudes de información personal y las advertencias de despido que atribuye al alcalde y a su hijo.
Por otra, el Ayuntamiento debe sustentar las presuntas irregularidades que utilizó para justificar la separación de los trabajadores, mediante los expedientes administrativos y las evidencias relacionadas con el supuesto uso de recursos públicos para actividades políticas.
También queda pendiente conocer si se presentará una denuncia formal ante la Fiscalía o si se iniciará un procedimiento ante las autoridades competentes en protección de datos personales.
El caso no solamente involucra la permanencia de un funcionario municipal. También plantea preguntas sobre el resguardo de la información de quienes acuden al Ayuntamiento de Celaya para solicitar apoyos y sobre el uso de los recursos públicos durante el proceso político interno de Morena.
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