Guanajuato aplaza pensión para personas con discapacidad pese a resolución judicial.
Una resolución de amparo, reclamos legislativos y una estimación de 92 mil personas potencialmente beneficiarias mantienen bajo escrutinio al gobierno de Guanajuato por la pensión para personas con discapacidad permanente menores de 65 años. Mientras la administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo plantea diseñar un modelo propio, el costo anual estimado del apoyo ronda los 1,800 millones de pesos, frente a los 4,240 millones reportados para la Tarjeta Rosa en 2025.
Guanajuato, Gto.— El gobierno de Guanajuato, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, enfrenta cuestionamientos por la falta de implementación de la pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente menores de 65 años, un apoyo reconocido en el marco constitucional y cuya exigibilidad llegó a los tribunales federales.
Una investigación de Carmen Pizano para POPLab, publicada el 17 de junio de 2026, documentó que el juicio de amparo 938/2025-I obtuvo una resolución en enero de ese año, sin que hasta la publicación se hubiera comenzado a entregar la pensión estatal ni se hubiera presupuestado el pago correspondiente, según el medio.
El caso involucra a personas que recurrieron a la justicia para exigir que el gobierno estatal garantice el acceso al apoyo económico. De acuerdo con la investigación, la población potencialmente beneficiaria podría rondar las 92 mil personas, cifra que debe distinguirse de un padrón definitivo de solicitantes que cumplan todos los requisitos.
Una pensión estimada en 1,800 millones de pesos
El costo anual estimado de la pensión sería de alrededor de 1,800 millones de pesos, considerando un apoyo de 3,300 pesos bimestrales por persona.
La cifra contrasta con los recursos destinados a la Tarjeta Rosa. Según POPLab, durante 2025 se emplearon aproximadamente 4,240 millones de pesos en ese programa social, dirigido a madres de familia de entre 25 y 45 años.
Con base en esos montos, la pensión para personas con discapacidad representaría alrededor del 42.5% del gasto reportado para la Tarjeta Rosa durante el mismo ejercicio fiscal.
La comparación permite dimensionar el costo potencial de ampliar la protección social, aunque no significa que los recursos de un programa puedan trasladarse automáticamente al otro.
El gobierno estatal plantea un modelo propio
La administración de Libia Dennise ha argumentado que no pretende reproducir sin modificaciones el esquema federal. Según la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos recogida por POPLab, el gobierno estatal analiza un modelo que incorpore criterios de igualdad sustantiva, mecanismos de priorización y un certificado electrónico para acreditar la discapacidad.
La dependencia también señaló que busca reconocer de manera diferenciada las necesidades de apoyo y rehabilitación, así como mejorar los criterios para identificar a la población que requiere atención.
El planteamiento abre una cuestión pendiente: cuándo estará listo ese modelo, qué requisitos tendrá y con qué presupuesto comenzará a operar.
En la información consultada no se encontró una fecha definitiva para iniciar los pagos estatales ni una asignación presupuestaria específica que garantice la cobertura completa.
El amparo y la omisión de mecanismos legales
El expediente judicial identificado como 938/2025-I es uno de los puntos centrales de la controversia. La investigación de POPLab señala que la resolución se emitió en enero de 2026 y que el gobierno estatal no la impugnó.
Por su parte, documentación del Congreso de Guanajuato relacionada con el exhorto 324/LXVI-PPA refiere que la sentencia detectó una omisión legislativa relativa, debido a la falta de disposiciones secundarias que desarrollaran los mecanismos para hacer operativa la pensión.
El asunto no se limita, por tanto, a decidir cuánto dinero entregar. También implica establecer procedimientos, reglas y responsabilidades institucionales que permitan convertir el derecho reconocido en un apoyo efectivo.
El derecho está reconocido en el marco constitucional
En agosto de 2025, Guanajuato publicó una reforma constitucional que establece que el estado garantizará una pensión no contributiva para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, conforme a las leyes correspondientes.
La reforma también contempla que las autoridades destinen recursos presupuestarios suficientes y oportunos para cumplir ese mandato bajo el principio de progresividad.
A nivel federal, la Constitución reconoce el derecho a la pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Sin embargo, Guanajuato no figura entre las entidades que tienen un convenio de universalidad con el Gobierno de México. Por ello, el programa federal cubre generalmente a personas de 0 a 29 años en el estado, mientras que para las personas de 30 a 64 años la cobertura depende de criterios territoriales específicos.
Reclamos en el Congreso
El tema también llegó al Poder Legislativo de Guanajuato, donde se presentaron propuestas para exhortar a la gobernadora a responder las solicitudes de pensión, realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias y atender la resolución judicial.
Los registros legislativos también muestran una propuesta presentada en julio de 2026 para pedir que el gobierno estatal firme el convenio de universalidad con la Federación.
La discusión plantea dos rutas que deben distinguirse: la incorporación al esquema federal y la implementación de un modelo estatal. En ambos casos, el punto central es establecer cómo se garantizará el acceso efectivo al apoyo y en qué plazo.
Por ahora, la controversia permanece vinculada al cumplimiento del amparo, la falta de mecanismos operativos señalada en el expediente legislativo y la ausencia de una fecha confirmada de inicio de pagos en la información consultada.
La pregunta pendiente para el gobierno estatal es cuándo se traducirá el reconocimiento del derecho en una pensión efectiva para las personas con discapacidad permanente que actualmente no cuentan con cobertura universal.
Fuentes: POPLab, investigación de Carmen Pizano publicada el 17 de junio de 2026; Congreso del Estado de Guanajuato, expedientes legislativos 324/LXVI-PPA y relacionados; Gobierno de México, información oficial sobre la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; legislación constitucional de Guanajuato y federal.
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