Seis años después, procesan a cuatro expolicías por presunto abuso contra mujeres buscadoras en Guanajuato

Inicia proceso contra expolicías por presunto abuso policial a mujeres buscadoras en Guanajuato; el caso avanzó tras seis años

Después de seis años de espera, el caso por la detención de mujeres buscadoras durante una manifestación en Guanajuato capital comenzó a avanzar en los tribunales. Un juez vinculó a proceso a cuatro exintegrantes de las entonces Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes enfrentan cargos por el presunto delito de abuso de autoridad derivado de los hechos ocurridos el 10 de julio de 2020.

Ese día, integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se manifestaban para exigir atención de las autoridades estatales y avances en la localización de sus familiares. Durante el operativo policial, cuatro mujeres fueron detenidas junto con un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), situación que provocó una fuerte condena por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

Las buscadoras denunciaron haber sido víctimas de uso excesivo de la fuerza, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y diversas violaciones a sus derechos humanos. Desde entonces iniciaron un largo proceso para exigir justicia y responsabilizar a quienes participaron en el operativo.

Durante varios años el expediente permaneció sin avances importantes, por lo que las víctimas señalaron que existió una demora en la investigación. Con el cambio en la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público finalmente ejerció acción penal contra cuatro expolicías estatales, permitiendo que un juez iniciara formalmente el proceso judicial.

Sin embargo, las mujeres buscadoras consideran que el proceso apenas representa un primer paso. Además de que los elementos involucrados enfrenten la justicia, exigen que también se investigue a quienes ordenaron el operativo y a los mandos responsables de la cadena de decisiones, con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido.

El caso ocurre en un contexto particularmente complejo para Guanajuato, entidad que durante los últimos años ha enfrentado una grave crisis de desapariciones y donde diversos colectivos realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas. Organizaciones de derechos humanos sostienen que garantizar la protección de las familias buscadoras es una obligación del Estado y que cualquier abuso cometido por servidores públicos debe investigarse con independencia.

La resolución judicial representa uno de los casos más relevantes relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos de colectivos de búsqueda en Guanajuato y podría marcar un precedente sobre la responsabilidad de autoridades de seguridad en operativos contra manifestaciones sociales.