Sin dinero y con trabas legales, frenan fondo para subsidiar el transporte público en Guanajuato
Gobierno estatal y Congreso frenan propuesta de Movimiento Ciudadano para crear un fondo que subsidie tarifas del transporte público; advierten que el presupuesto ya está comprometido y que la regulación del servicio corresponde a los municipios.
La propuesta para crear un fondo estatal destinado a subsidiar las tarifas del transporte público urbano y suburbano en Guanajuato enfrenta obstáculos económicos y jurídicos que prácticamente la dejan fuera de la ruta legislativa. Durante una mesa de trabajo de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, representantes de la Secretaría de Obra Pública, la Consejería Jurídica y la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas coincidieron en señalar que la iniciativa impulsada por Movimiento Ciudadano no resulta viable bajo las condiciones actuales.
El planteamiento, presentado en febrero por el diputado Rodrigo González Zaragoza, contempla la creación de un Fondo de Subsidio para el Transporte Público Urbano y Suburbano, con el objetivo de compensar incrementos tarifarios, garantizar tarifas preferenciales y reducir el impacto económico que representa el transporte para los usuarios.
Sin embargo, el análisis financiero expuso una de las principales dificultades: el Presupuesto de Egresos de Guanajuato asciende a 140 mil 300 millones de pesos y, de acuerdo con la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, los recursos ya tienen un destino asignado. A esto se suma que las participaciones y recursos federales recibidos por el estado tienen reglas específicas y buena parte corresponde a los municipios.
El problema no termina en el dinero. La Secretaría de Obra Pública señaló que la creación del fondo tampoco sería jurídicamente viable, debido a que la Constitución establece que corresponde a los municipios regular el transporte público urbano y suburbano. La Consejería Jurídica también advirtió posibles contradicciones con el artículo 115 de la Constitución federal y el artículo 117 de la Constitución de Guanajuato.
La discusión deja al descubierto uno de los principales dilemas del transporte público estatal: mientras se plantea la necesidad de contener las tarifas y mejorar la accesibilidad para los usuarios, las autoridades enfrentan un modelo donde las responsabilidades están distribuidas entre municipios y Estado, pero sin una bolsa de recursos disponible para absorber el costo.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco defendió la necesidad de replantear el modelo para fortalecer la participación estatal en la planeación, regulación, operación y financiamiento. No obstante, mientras no exista una fuente de financiamiento clara y una reforma que resuelva el reparto de competencias, el subsidio propuesto permanece en terreno inviable.
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