Buscadoras en León cuestionan apoyo de 7 mil pesos: “No reemplaza el trabajo del Estado”
La convocatoria municipal contempla recursos, equipo y alimentación para 30 personas, mientras la Red Feminista reclama una política integral de búsqueda y protección.
El programa “León con las Personas Buscadoras”, impulsado por el Ayuntamiento de León, abrió una nueva discusión sobre la manera en que las autoridades acompañan a las familias que participan en la búsqueda de personas desaparecidas. La convocatoria contempla un apoyo económico de hasta 7 mil pesos para 30 personas, además de equipo de protección personal, alimentos e hidratación durante las jornadas de búsqueda. La convocatoria aparece publicada en la Gaceta Municipal de León.
De acuerdo con las bases difundidas para el programa, el apoyo económico se entregará a razón de 700 pesos por jornada, con un máximo de 10 operativos. Entre el equipamiento considerado están botas, pantalón y camisa tácticos, chaleco o casaca, gorro, cachucha o sombrero y guantes. El programa está dirigido a personas residentes de León que acrediten la calidad de víctimas secundarias de desaparición y que demuestren participación habitual en acciones de búsqueda.
Uno de los requisitos es comprobar la participación en al menos 10 acciones de búsqueda durante el año anterior a la convocatoria. También se solicita documentación que acredite la calidad de víctima secundaria, emitida por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato o la Comisión Estatal de Víctimas.
La convocatoria establece que las solicitudes pueden presentarse hasta el 7 de septiembre de 2026. El Ayuntamiento difundió el programa el 31 de agosto y planteó el esquema como una forma de reconocer y respaldar a las familias que participan en las labores de localización.
El anuncio, sin embargo, fue cuestionado por la Red Feminista de León, que el 2 de septiembre hizo público un posicionamiento bajo la premisa de que acompañar a las familias no debe convertirse en una forma de trasladarles responsabilidades que corresponden a las instituciones.
La colectiva cuestionó particularmente que el programa esté limitado a 30 personas y sostuvo que un apoyo económico no puede sustituir las obligaciones institucionales en materia de búsqueda, investigación y localización. También reclamó que exista un diagnóstico de las necesidades de las familias, protocolos de seguridad, coordinación entre dependencias y políticas públicas construidas con participación de las personas buscadoras.
Otro punto señalado por la organización es una disposición relacionada con la responsabilidad durante las jornadas. Según la cobertura de AM, las bases contemplan que las personas beneficiarias acepten que no existe responsabilidad civil, laboral, fiscal, administrativa o de otra naturaleza derivada de la actividad de búsqueda. Una convocatoria municipal anterior con el mismo nombre contenía una cláusula en términos similares y establecía expresamente que el recurso constituía un apoyo económico y no un salario.
La Red Feminista aclaró que su posicionamiento no pretende descalificar a las personas buscadoras que decidan recibir el apoyo. Por el contrario, reconoció que los recursos pueden ayudar a cubrir gastos inmediatos derivados de las jornadas, pero cuestionó que el programa pueda considerarse por sí mismo una respuesta suficiente ante la problemática de desapariciones.
El contexto de búsqueda continúa siendo relevante en León. A finales de agosto, integrantes del colectivo Huellas de Mi Alma Perdida instalaron fichas de personas desaparecidas en un árbol de la Plaza Principal como parte de una acción de visibilización. El colectivo, de reciente creación, informó que reúne a 12 familias y que participa en jornadas con acompañamiento operativo de corporaciones de seguridad y protección civil.
Por ahora, el programa municipal sigue abierto y el plazo para presentar solicitudes vence el 7 de septiembre. La discusión permanece en un punto central: el apoyo económico puede aliviar parte de los gastos de las familias, pero las organizaciones reclaman que no sustituya las obligaciones de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas.
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