Sheinbaum rechaza censura en nueva regulación de medios; organizaciones advierten riesgos para la libertad de expresión
Gobierno niega censura con nuevos lineamientos para medios; continúa el debate sobre la libertad de expresión
La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias continúa generando un intenso debate entre el Gobierno federal, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, especialistas en telecomunicaciones y representantes de los medios de comunicación. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la nueva regulación «no implica ni implicará censura», organismos como Article 19 consideran que algunos apartados podrían derivar en autocensura si no se modifican antes de su entrada en vigor.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria rechazó las versiones que señalan que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión pretende controlar o limitar el trabajo periodístico. Afirmó que el objetivo de los lineamientos es fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información clara y diferenciada, así como establecer mecanismos de autorregulación para los concesionarios de radio y televisión.
Sheinbaum explicó que la propuesta fue construida mediante mesas de diálogo con representantes de la industria y que actualmente se encuentra en consulta pública para recibir observaciones de ciudadanos, especialistas, empresas y organizaciones civiles. Entre los aspectos que continúan en revisión se encuentra el mecanismo para aplicar sanciones administrativas y la autoridad encargada de resolver posibles controversias.
Los lineamientos plantean que las concesionarias cuenten con un Código de Ética, designen una Defensoría de las Audiencias y distingan claramente cuándo un contenido corresponde a información, opinión o publicidad. También establecen que no deberá difundirse información falsa, manipulada o presentada fuera de contexto como si correspondiera a hechos actuales.
Sin embargo, Article 19 expresó preocupación por conceptos como «información objetiva», «información veraz» o «información falsa», al considerar que pueden dar lugar a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad reguladora. La organización advirtió que la posibilidad de imponer multas de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales de un concesionario podría generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico, incluso antes de que exista una sanción efectiva.
En contraste, el investigador y especialista en medios Raúl Trejo Delarbre sostuvo que los derechos de las audiencias existen desde la reforma de telecomunicaciones de 2014 y que los nuevos lineamientos únicamente desarrollan mecanismos para hacerlos operativos. A su juicio, mientras la autoridad se mantenga dentro del marco legal vigente, no existe una base jurídica para censurar contenidos periodísticos.
El proyecto permanecerá en consulta pública hasta el 21 de agosto de 2026. Posteriormente, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones analizará las observaciones recibidas y podrá modificar el documento antes de emitir su versión definitiva.
El debate ha abierto una discusión nacional sobre el equilibrio entre dos principios fundamentales: el derecho de las audiencias a recibir información de calidad y la protección de la libertad de expresión y de prensa, derechos reconocidos por la Constitución y diversos tratados internacionales.
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