Padres de niños con cáncer denunciarán a Andy López Beltrán y Amílcar Olán ante la FGR por desabasto
Las organizaciones acusan presuntas irregularidades en compras de medicamentos oncológicos y pedirán a la Fiscalía investigar posibles responsabilidades por el desabasto.
Padres y madres de niñas y niños con cáncer acudirán este miércoles 7 de octubre a la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para presentar una denuncia contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio. La entrega está prevista para las 11:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en la zona de la Glorieta de Insurgentes.
La acción es promovida por el Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C. Las organizaciones sostienen que existieron presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos hospitalarios y plantean que la falta de tratamientos oncológicos afectó a miles de menores. En su denuncia pretenden que se investiguen posibles delitos como genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, además de cualquier otra conducta que pueda determinar el Ministerio Público.
Los colectivos aseguran que más de 5 mil niñas y niños habrían muerto como consecuencia de la falta o interrupción de tratamientos. Esa cifra y, particularmente, la relación causal entre cada fallecimiento y el desabasto son afirmaciones de las organizaciones denunciantes y no un dato que haya sido acreditado hasta ahora por una sentencia o investigación penal pública. Por ello, debe presentarse como un señalamiento de los padres y no como un hecho probado.
El caso tiene además un antecedente documentado en compras de medicamentos. Un oficio de adjudicación del entonces Insabi, fechado el 29 de diciembre de 2022, muestra que Biosistemas y Seguridad Privada recibió un contrato con un monto máximo de mil 210.4 millones de pesos para diversos medicamentos. Entre ellos se encontraba metotrexato inyectable de 500 miligramos, con una cantidad máxima de 128 mil 32 piezas y un monto máximo de 30 millones 87 mil 520 pesos, sin IVA.
En abril de 2024, Cofepris emitió una alerta sanitaria para inmovilizar y suspender preventivamente un lote específico de metotrexato distribuido por Biosistemas y Seguridad Privada. La autoridad informó que había recibido notificaciones de al menos dos entidades federativas sobre irregularidades en ese producto y ordenó suspender su uso mientras continuaba la investigación sanitaria. La alerta no establece por sí misma que ese medicamento haya causado muertes ni acredita responsabilidad penal de las personas señaladas ahora por los padres.
Otro antecedente relacionado con Amílcar Olán es la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que documentó que su empresa Romedic recibió más de 490 millones de pesos provenientes de recursos federales del Insabi entre 2020 y 2022 mediante contratos otorgados por gobiernos de Tabasco y Quintana Roo. La existencia de esos contratos está documentada; que hayan sido producto de una conducta delictiva o que impliquen responsabilidad de Andy López Beltrán es una cuestión que tendría que ser determinada por las autoridades.
El contexto político también es relevante: Andy López Beltrán se registró el 1 de octubre como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el Distrito 6 federal de Tabasco, proceso que constituye la ruta interna de Morena hacia una eventual candidatura a diputado federal en 2027.
Existe, además, una precisión importante sobre la supuesta “investigación” contra Andy y Olán. El 6 de octubre, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, declaró ante el Senado que la UIF no tiene actualmente una investigación en ese sentido y explicó que la unidad actúa como coadyuvante cuando la Fiscalía u otras autoridades requieren su intervención. La FGR también había negado en agosto la existencia de una investigación abierta contra Andy por delitos relacionados con hidrocarburos. Esto no significa que la nueva denuncia de los padres no pueda generar una nueva carpeta si la Fiscalía considera que existen elementos; significa que, al momento de esta publicación, no existe una investigación previamente reconocida por esas autoridades sobre los señalamientos mencionados.
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