León destina 4.3 millones de pesos a estudio para rediseñar rutas del transporte público

El proyecto tendrá financiamiento compartido entre autoridades y empresarios del transporte. La discusión presupuestal ocurre mientras datos del primer semestre de 2026 muestran diferencias en el cumplimiento de las rutas y cientos de infracciones operativas.

León, Guanajuato, contará con un nuevo diagnóstico de movilidad para revisar los recorridos del transporte público, identificar las necesidades de los usuarios y proponer cambios en la red de rutas. El proyecto contempla una inversión municipal de 4 millones 334 mil 533 pesos y financiamiento adicional del Gobierno del Estado y de los concesionarios.

La inversión se plantea mientras persisten cuestionamientos sobre el desempeño del servicio. Durante el primer semestre de 2026, la Dirección General de Movilidad reportó 717 infracciones a concesionarias por incumplimientos operativos y señaló que varias modalidades de rutas no alcanzaron la meta establecida en el acuerdo tarifario.

El diagnóstico, conocido como SIT Optibus 2.0, busca actualizar la información sobre los desplazamientos de la población para sustentar una eventual reestructuración del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

¿Cuánto costará el estudio de transporte público en León?

La aportación municipal solicitada asciende a 4 millones 334 mil 533 pesos. La propuesta contempla que el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y los concesionarios participen en el financiamiento.

La información divulgada sobre el proyecto presenta diferencias en el costo total: una cifra difundida es de 13 millones 13 mil 6 pesos, mientras que otras publicaciones mencionan cantidades ligeramente distintas. Por ello, el importe definitivo debe cotejarse con el convenio de financiamiento y el dictamen presupuestal correspondiente.

La Dirección de Movilidad informó que se revisaron 14 posibles consultores y que la empresa seleccionada fue Cal y Mayor, especializada en consultoría de transporte y movilidad. La contratación se realizaría mediante el Fideicomiso de Modernización del Transporte.

La inversión no implica que las rutas vayan a modificarse automáticamente en cuanto se autoricen los recursos. El estudio debe producir información técnica que permita evaluar las alternativas y definir las decisiones posteriores.

Las 717 infracciones que pusieron el servicio bajo cuestionamiento

Durante el primer semestre de 2026, Movilidad registró 717 infracciones a concesionarias por incumplimientos de los planes de operación. De enero a marzo se contabilizaron 314; entre abril y junio, otras 403, un incremento aproximado del 28 por ciento entre ambos trimestres.

El acuerdo tarifario establece una meta mínima de cumplimiento del 92 por ciento. Los indicadores consideran aspectos como la cantidad de unidades disponibles, las frecuencias de paso y los horarios de salida y traslado.

Los promedios reportados por modalidad fueron los siguientes:

Rutas troncales: 93 por ciento.
Rutas alimentadoras: 92 por ciento.
Rutas exprés: 90 por ciento.
Rutas convencionales: 89 por ciento.
Rutas auxiliares: 87 por ciento.

En promedio, 52 de las 165 rutas evaluadas cada mes quedaron por debajo del objetivo durante el periodo analizado.

Estas cifras muestran diferencias en el cumplimiento operativo, pero no permiten concluir que todas las empresas hayan incurrido en las mismas faltas. Para conocer las responsabilidades particulares se necesita el desglose de infracciones por concesionaria, ruta, motivo, reincidencia y estado de las sanciones.

También es importante distinguir entre una infracción registrada y una multa efectivamente cobrada: son etapas diferentes del procedimiento administrativo.

¿Qué cambiará con el diagnóstico de origen-destino?

El estudio busca identificar de dónde parten los habitantes, hacia dónde se trasladan, qué medios utilizan y qué recorridos requieren mayor capacidad o cobertura.

El levantamiento contempla alrededor de 310 mil encuestas, además de información sobre ascensos y descensos, aforos vehiculares y tiempos de recorrido. El análisis permitirá construir una matriz de origen-destino para entender los desplazamientos durante diferentes horarios y periodos.

Entre las alternativas que podrían evaluarse se encuentran:

Modificar recorridos para responder a la demanda actual.
Integrar rutas que tengan trayectos complementarios.
Revisar recorridos con baja demanda o cobertura insuficiente.
Ajustar la cantidad y distribución de autobuses.
Identificar corredores donde puedan analizarse carriles exclusivos.
Estudiar mejoras en el sistema de pago y monitoreo.

Estas son posibilidades sujetas a los resultados del diagnóstico; no significa que ya exista una decisión definitiva para eliminar o modificar una ruta determinada.

Un estudio que deberá responder a las necesidades de los usuarios

La actualización del diagnóstico pretende atender una red de transporte que necesita adaptarse al crecimiento urbano y a los cambios en los patrones de desplazamiento.

El proyecto también contempla la colaboración de seis instituciones académicas: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guanajuato, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, La Salle y la Universidad Tecnológica de León.

La participación académica puede contribuir al análisis técnico, pero será importante conocer qué mecanismos permitirán revisar los resultados y evaluar las decisiones que se tomen a partir de ellos.

Para los usuarios, el valor del estudio dependerá de que sus conclusiones se traduzcan en mejoras observables: menor tiempo de espera, conexiones más eficientes, cobertura suficiente en colonias periféricas y horarios compatibles con las jornadas laborales y escolares.

¿Cuándo estarán listos los resultados?

La información difundida en octubre contempla un levantamiento de encuestas entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, con primeros resultados previstos a partir de diciembre y un diagnóstico cuyo desarrollo se ha estimado en varios meses. Las fechas definitivas deben confirmarse en el calendario contractual del proyecto.

Quedan pendientes datos relevantes para dar seguimiento al gasto público: el calendario de entregas, los criterios para aceptar los productos de la consultoría, la publicación de los resultados completos y el procedimiento para convertir las recomendaciones en cambios operativos.

También será importante conocer el estado de las infracciones a las concesionarias y verificar el cumplimiento de los compromisos asociados al acuerdo tarifario.

La evaluación del proyecto no deberá limitarse a la entrega de un documento técnico. El resultado relevante será si la información sirve para tomar decisiones verificables y mejorar los traslados cotidianos de quienes utilizan el transporte público en León.