Santiago Peña es detenido en Paraguay tras su destitución por el caso Ueno Bank.

El Senado paraguayo removió al mandatario mediante un juicio político y, horas después, la Fiscalía ejecutó una orden de detención domiciliaria en su contra. La investigación también alcanza al extitular del Banco Central y examina operaciones financieras, depósitos públicos y posibles conflictos de interés relacionados con Ueno Bank.

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó bajo detención domiciliaria este viernes 6 de noviembre, pocas horas después de que el Senado lo removiera del cargo mediante un juicio político relacionado con la crisis financiera de Ueno Bank.

La Fiscalía paraguaya ordenó su detención por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles, dentro de la causa penal número 92/2026. La disposición también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien encabezó el Banco Central del Paraguay hasta su salida en medio de la crisis.

Peña fue notificado en su residencia de Asunción por agentes policiales y representantes del Ministerio Público. La autoridad fiscal estableció que permanezca detenido en su domicilio hasta quedar a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El procedimiento ocurrió después de que los 44 senadores presentes votaran a favor de declararlo culpable por mal desempeño de sus funciones y separarlo de la Presidencia.

¿Por qué destituyeron a Santiago Peña?

La salida de Peña ocurrió en medio de una crisis política y financiera provocada por el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una institución que concentraba millones de cuentas y una importante cantidad de recursos públicos.

El proceso de destitución comenzó el jueves 5 de noviembre, cuando la Cámara de Diputados aprobó con 78 votos el pedido de juicio político contra el mandatario.

Ese mismo día, Peña presentó su renuncia a la Presidencia. Sin embargo, el procedimiento legislativo continuó y el Senado resolvió el viernes separarlo definitivamente del cargo.

La acusación política se sustentó en señalamientos sobre su actuación frente a la crisis bancaria, los posibles conflictos de interés relacionados con sus antiguos vínculos empresariales y las decisiones gubernamentales respecto a los recursos públicos depositados en la institución.

El Senado declaró culpable a Peña por mal desempeño de sus funciones, una resolución de naturaleza política que no equivale por sí misma a una sentencia penal.

¿Qué relación tenía el expresidente con Ueno Bank?

Uno de los elementos centrales de las acusaciones es la relación empresarial que Santiago Peña mantuvo con Grupo Vázquez, conglomerado vinculado con la estructura corporativa de Ueno.

De acuerdo con información patrimonial y antecedentes citados durante la investigación, Peña declaró en 2023 una participación accionaria en Ueno Holding valuada en 6 mil 144 millones de guaraníes.

También declaró un certificado de depósito de ahorro por 2 mil 400 millones de guaraníes relacionado con Ueno.

El expresidente reconoció que había tenido participación en Grupo Vázquez, pero sostuvo que vendió sus acciones en marzo de 2025.

Esta distinción es importante: los antecedentes documentan su relación accionaria con una empresa vinculada al grupo financiero, no que fuera propietario directo de Ueno Bank.

Los legisladores cuestionaron además que Peña designara a Carlos Carvallo al frente del Banco Central en 2023, debido a que anteriormente había encabezado la financiera que posteriormente se convirtió en Ueno Bank.

La investigación busca determinar si existieron decisiones oficiales que favorecieron al grupo empresarial o si hubo responsabilidades en la supervisión de sus operaciones. Peña niega haber cometido irregularidades.

Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia

El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el directorio del organismo y se sustentó en ajustes realizados a los estados financieros de la entidad durante un proceso de regularización.

El procedimiento contempla la intervención de la institución, la revisión de su situación patrimonial y las medidas necesarias para proteger a los depositantes.

El Banco Central explicó que la resolución se realiza conforme a la Ley 2334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras.

También precisó que se trata de una situación particular de Ueno Bank y que no representa, por sí misma, una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.

Más de 800 millones de dólares de recursos públicos estaban en Ueno

La dimensión del problema financiero aumentó debido a la cantidad de dinero público que estaba depositada en la institución.

Según información publicada por Reuters y Associated Press, Ueno Bank administraba entre 800 y 850 millones de dólares en recursos públicos.

Entre los organismos relacionados con estos depósitos se encuentran entidades estatales y fondos vinculados con el sistema de seguridad social.

Uno de los señalamientos legislativos apunta a que el Instituto de Previsión Social habría mantenido aproximadamente 355 millones de dólares en la institución, una cantidad que se convirtió en uno de los puntos centrales de las acusaciones contra Peña.

Las autoridades deberán establecer qué decisiones permitieron esas colocaciones, si se respetaron los límites legales y qué responsabilidades corresponden a los funcionarios que participaron.

No todo el dinero depositado debe considerarse automáticamente perdido: la recuperación dependerá del procedimiento de resolución, los activos disponibles y las garantías aplicables.

Fiscalía investiga a 27 personas por operaciones relacionadas con el banco

El caso no involucra únicamente al expresidente.

El Ministerio Público informó el 5 de noviembre que abrió tres investigaciones penales relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos en la institución y las actuaciones de autoridades y exautoridades de distintas dependencias.

La decisión quedó asentada en la Resolución FGE número 4474, del 5 de noviembre de 2026.

En una investigación paralela, la Fiscalía imputó a 27 personas relacionadas con la estructura empresarial y directiva del banco por presuntos delitos vinculados con operaciones financieras irregulares.

Entre los señalamientos figuran posibles operaciones crediticias con empresas relacionadas con los propietarios, presuntas afectaciones patrimoniales y posibles irregularidades en la administración de recursos.

Associated Press reportó que seis antiguos directivos, incluido el fundador de Ueno, Miguel Vázquez, quedaron en prisión preventiva, mientras otras dos personas recibieron medidas de arresto domiciliario.

Estas investigaciones son independientes de la situación procesal de Peña y deberán determinar la responsabilidad individual de cada involucrado.

¿Qué cargos enfrenta Santiago Peña?

La orden de detención fue emitida por los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez.

El documento oficial identifica la causa penal número 92/2026 y señala la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles.

Associated Press también reportó que las acusaciones que deberá enfrentar incluyen presunto tráfico de influencias y utilización del cargo público para obtener beneficios personales.

La Fiscalía dispuso que Peña permanezca detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición de la unidad especializada.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, fue convocado para comparecer ante los fiscales este sábado 7 de noviembre a las 11:00 horas, tiempo de Paraguay.

La detención no representa una sentencia condenatoria. Las acusaciones deberán sustentarse mediante pruebas y resolverse dentro del procedimiento judicial, con respeto a su derecho de defensa y presunción de inocencia.

Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay

El vicepresidente asumió la Presidencia después de que el Senado destituyera a Peña. Deberá completar el periodo constitucional 2023-2028, que concluye en agosto de 2028.

El juramento se realizó ante el Congreso Nacional el viernes 6 de noviembre, después de concluir el juicio político.

La sucesión presidencial permitió mantener la continuidad institucional, aunque el nuevo mandatario también enfrenta cuestionamientos políticos relacionados con la crisis bancaria.

La Cámara de Diputados había rechazado previamente el pedido de juicio político contra Alliana, al no alcanzar los votos necesarios para aprobarlo.

Su administración deberá atender las consecuencias financieras de la intervención, la situación de los depositantes y las investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos.

¿Qué pasará con los ahorros de los clientes de Ueno Bank?

La intervención también afectó a millones de personas que utilizaban Ueno Bank para guardar dinero, recibir pagos y realizar operaciones cotidianas.

El Banco Central estableció un mecanismo de protección mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.

La cobertura legal alcanza hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 228 millones 300 mil guaraníes por persona o empresa en cada entidad financiera.

El primer grupo de pagos anunciado el 5 de noviembre contempla a clientes que cumplan tres condiciones:

  • Tener depósitos de hasta 10 millones de guaraníes.
  • No mantener deudas con Ueno Bank.
  • Contar con una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país.

El organismo informó que los siguientes grupos serían anunciados conforme avance el procedimiento.

Associated Press reportó que esta cobertura podría proteger aproximadamente al 97% de los clientes de Ueno, aunque los depósitos superiores al límite garantizado requieren un proceso de recuperación distinto.

La investigación financiera y el proceso penal contra Peña continuarán por vías distintas: el primero deberá esclarecer el destino de los recursos y las responsabilidades administrativas; el segundo determinará si existen elementos para atribuirle delitos al expresidente.

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