23 de octubre de 2026

Sentencian a 26 años y 8 meses a Lázaro Alan Emmanuel por feminicidio en León.

La Fiscalía de Guanajuato informó que el sentenciado recibió una condena de 26 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de su madre, ocurrido en octubre de 2025.
Foto: FEG

El feminicidio de Rosalinda, una maestra de 63 años asesinada en su vivienda de la colonia San Pedro Plus, en León, Guanajuato, derivó en una sentencia de 26 años y 8 meses de prisión contra su hijo, Lázaro Alan Emmanuel. La resolución judicial se dio a conocer el 9 de octubre de 2026, luego de que se acreditara la responsabilidad penal del acusado mediante un procedimiento abreviado.

Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2025, en una casa ubicada sobre la calle Santa Fabiola, cerca de la esquina con Rodolfo Padilla. Según la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la víctima fue golpeada y estrangulada. La autoridad ministerial también estableció que Rosalinda había sufrido distintas expresiones de violencia y amenazas antes del crimen.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por medios locales, familiares de la mujer intentaron comunicarse con ella durante varios días. Al no obtener respuesta, acudieron a su domicilio durante la madrugada del 31 de octubre, donde la encontraron sin vida y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional A, que reunió los elementos presentados ante la autoridad judicial para acreditar la responsabilidad del acusado.

Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá pagar las multas correspondientes, cubrir los gastos funerarios y realizar la reparación integral del daño moral en favor de las víctimas indirectas. Hasta el momento, la información publicada no precisa el monto económico de estas obligaciones.

El caso vuelve a poner en el centro de la atención la violencia que puede preceder a un feminicidio y la importancia de documentar los antecedentes denunciados o identificados por las autoridades, sin perder de vista los derechos de las víctimas y sus familias.

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