Padre Tino enfrentará juicio oral por abuso sexual contra un menor en Guanajuato
Constantino “N”, conocido como el Padre Tino, fue vinculado a proceso por delitos sexuales contra un menor y espera la etapa de juicio oral. La denuncia se presentó en marzo de 2025 por hechos que presuntamente ocurrieron entre 2010 y 2014 en San José de Iturbide; la Diócesis de Celaya no ha aclarado públicamente su situación canónica.
Constantino “N”, conocido como el Padre Tino, enfrentará un juicio oral por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra un menor en San José de Iturbide, Guanajuato. El proceso avanzó a esa etapa después de que un juez dictara el auto de apertura a juicio oral, aunque el acusado continuará en libertad bajo medidas cautelares.
La denuncia penal fue presentada en marzo de 2025 por Jorge, quien señaló que las presuntas agresiones comenzaron cuando tenía 11 años y participaba como monaguillo en una parroquia de la comunidad de San Sebastián del Salitre.
De acuerdo con el testimonio que el denunciante hizo público, los hechos se prolongaron aproximadamente cuatro años, entre 2010 y 2014. Constantino “N” fue vinculado a proceso en noviembre de 2025.
¿De qué delitos acusan al Padre Tino?
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que el imputado enfrenta acusaciones por violación espuria calificada, violación calificada, abusos sexuales y corrupción de menores.
Según la información de la investigación ministerial, después de recibir la denuncia, el Ministerio Público reunió datos de prueba para sustentar la probable responsabilidad del acusado. La institución también reportó que personal especializado de la Fiscalía Regional “D” proporcionó atención y protección a la víctima.
El procedimiento ya llegó al auto de apertura a juicio oral, una resolución que permite avanzar hacia la etapa en la que se desahogarán y analizarán las pruebas correspondientes. Esto no significa que exista una sentencia condenatoria: la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial.
El acusado llevará el proceso en libertad
Aunque las imputaciones incluyen delitos sexuales contra un menor, Constantino “N” no permanece en prisión preventiva.
Entre las medidas cautelares que se han informado se encuentran la obligación de presentarse periódicamente a firmar, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción de acercarse al domicilio de la víctima.
El cumplimiento de estas medidas no sustituye el juicio ni determina por sí mismo la culpabilidad o inocencia del imputado.
La celebración del juicio oral está prevista para 2027. La información publicada el 15 de octubre de 2026 señala mayo de ese año como fecha programada; por ello, el dato debe manejarse como una programación reportada y no como una sentencia definitiva sobre el calendario judicial.
Jorge denunció agresiones que habrían comenzado cuando tenía 11 años
El caso se remonta a la comunidad de San Sebastián del Salitre, en San José de Iturbide, donde Jorge comenzó a participar como monaguillo en 2010.
En el testimonio que hizo público, relató que el entonces sacerdote habría establecido primero una relación de confianza con él mediante conversaciones personales y un trato que, según su versión, era diferente al que daba a otros niños.
Jorge señaló que la primera agresión habría ocurrido después de una misa, cuando el sacerdote le habría indicado salir por un patio de la casa parroquial. También denunció que posteriormente recibió instrucciones de mantener los hechos en secreto y que las agresiones sexuales presuntamente continuaron durante varios años.
El denunciante explicó que el temor, su formación religiosa y las amenazas que asegura haber recibido contribuyeron a que no hablara de lo sucedido durante mucho tiempo.
Estas circunstancias forman parte de su testimonio público. Su contenido deberá valorarse conforme a las pruebas que se presenten en el proceso penal.
La denuncia ante autoridades religiosas se habría presentado en 2016
Jorge sostuvo que en marzo de 2016 informó de los presuntos abusos a responsables religiosos, incluido el entonces obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.
Según su relato, durante el procedimiento interno habría firmado un documento mediante el cual deslindaba a la diócesis de posibles responsabilidades legales. También afirmó que fue persuadido para no presentar una denuncia penal y que posteriormente dejó de continuar su formación en el seminario.
El denunciante aseguró que Constantino “N” fue apartado de sus funciones religiosas después de que se conocieran los señalamientos dentro de la Iglesia. Sin embargo, la información disponible no permite confirmar de manera independiente todos los detalles de aquel procedimiento canónico.
Jorge decidió acudir a la Fiscalía en marzo de 2025. Explicó que tomó esa decisión después de que el religioso regresara a la comunidad y, según su versión, continuara presentándose como sacerdote.
El denunciante también afirmó que recibió mensajes intimidatorios. Esos señalamientos deben atribuirse a su testimonio y no presentarse como hechos judicialmente acreditados sin una resolución que los confirme.
Diócesis de Celaya no ha aclarado la situación canónica
Otro de los puntos pendientes es la postura de las autoridades eclesiásticas sobre Constantino “N”.
En la información publicada el 18 de octubre de 2026 se señala que la Diócesis de Celaya no había emitido una respuesta pública que aclarara si el imputado enfrenta un procedimiento canónico, cuál es su situación religiosa actual o qué medidas se adoptaron para atender el caso.
El sacerdote José Luis Solís Rincón, identificado como coordinador de la Comisión de Protección de Menores y Personas Vulnerables de la diócesis, declinó abordar el expediente en una entrevista solicitada para conocer los avances de ese organismo.
La coordinación de comunicación diocesana habría señalado que la comisión todavía no estaba consolidada por completo y que sus esfuerzos habían sido limitados.
La falta de una respuesta pública deja pendientes preguntas sobre las medidas internas, los mecanismos de protección y la atención brindada a las personas que denuncian posibles agresiones.
¿Qué establece la Iglesia sobre las denuncias de abuso?
La carta apostólica Vos estis lux mundi, promulgada durante el pontificado de Francisco y actualizada en su versión definitiva en 2023, establece disposiciones para la denuncia y atención de abusos sexuales dentro del ámbito eclesial, así como de determinadas conductas relacionadas con su encubrimiento.
El documento contempla mecanismos para recibir denuncias y atender a quienes reportan estos hechos. También establece que no debe imponerse a denunciantes, personas que afirman haber sido víctimas o testigos una obligación de guardar silencio sobre el contenido de sus informes, sin perjuicio de las excepciones previstas en el propio texto.
En el caso de San José de Iturbide, el punto central es conocer qué actuaciones realizaron las autoridades religiosas tras recibir los señalamientos y qué medidas de protección se adoptaron, cuestiones que no quedan plenamente esclarecidas con la información pública disponible.
El juicio determinará la responsabilidad penal
El caso de Constantino “N” permanece pendiente de la etapa de juicio oral, en la que deberán presentarse y analizarse los elementos probatorios correspondientes.
Mientras tanto, el acusado continúa sujeto a las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial y conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme que determine su responsabilidad.
Por su parte, Jorge ha hecho público su testimonio para explicar por qué decidió denunciar después de tantos años y alentar a otras posibles víctimas a buscar orientación.
La información disponible no permite establecer judicialmente la responsabilidad del imputado ni confirmar todos los señalamientos sobre la actuación de las autoridades eclesiásticas. Ambos aspectos requieren distinguir entre el testimonio del denunciante, las actuaciones procesales confirmadas y los hechos que todavía deben ser esclarecidos.
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