Falta de medicamentos y personal en México: Mariana Gómez del Campo cuestiona al sistema de salud

La secretaria de Asuntos Internacionales del PAN publicó una columna en la que cuestiona las condiciones de los hospitales públicos, la disponibilidad de tratamientos y la contratación de médicos cubanos. El Gobierno federal, por su parte, ha reportado avances en el abasto de medicamentos y la ampliación de servicios, aunque las cifras nacionales no permiten conocer por sí solas la situación de cada hospital.

La falta de medicamentos, equipo médico y personal en hospitales públicos volvió al centro de la discusión política después de que Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionara las condiciones de atención en el sistema de salud mexicano.

En una columna publicada el 19 de octubre de 2026, la también presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) sostuvo que existen diferencias entre los avances anunciados por el Gobierno federal y las dificultades que, según su planteamiento, enfrentan pacientes y trabajadores sanitarios.

La autora señaló que algunas familias deben comprar por su cuenta los medicamentos que no consiguen en las instituciones públicas y criticó las condiciones en las que médicos y enfermeras realizan sus labores. También cuestionó los acuerdos para contratar profesionales de la salud procedentes de Cuba.

Se trata de una postura política y de opinión. Para establecer la magnitud actual de las carencias es necesario contrastar las denuncias con datos verificables de hospitales, instituciones de salud y organismos de evaluación.

¿Qué denunció Mariana Gómez del Campo sobre los hospitales?

En su publicación, Gómez del Campo describió tres problemas principales: la disponibilidad de medicamentos, la falta de equipamiento e insumos y la necesidad de contar con suficiente personal para atender a los pacientes.

La política sostuvo que estas carencias afectan especialmente a las personas con menos recursos, quienes pueden verse obligadas a destinar parte de sus ingresos a tratamientos que esperaban recibir en instituciones públicas.

Sin embargo, la columna no presenta un inventario de hospitales afectados, cifras de recetas sin surtir, una relación de medicamentos faltantes ni testimonios identificados que permitan cuantificar el alcance de las situaciones descritas.

Por ello, sus señalamientos deben entenderse como una crítica política sobre problemas de atención sanitaria, no como una medición estadística de la situación de todos los hospitales del país.

¿Qué ha informado el Gobierno federal sobre el abasto de medicamentos?

La administración federal ha sostenido que trabaja para mejorar el suministro de medicamentos y ampliar la capacidad de atención del sistema público.

El 31 de marzo de 2026, la Presidencia de la República informó que el promedio de abasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) superaba el 97 por ciento, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno.

Posteriormente, el 29 de septiembre, la Secretaría de Salud reportó que entre enero y agosto de 2026 aumentó 125 por ciento la cantidad de medicamentos e insumos entregados a unidades médicas respecto del mismo periodo de 2025. La dependencia también informó sobre nuevas instalaciones hospitalarias, contratación de personal y ampliación de servicios.

Estos datos corresponden a indicadores oficiales de suministro y actividad institucional. No demuestran, por sí solos, que todos los pacientes reciban sus tratamientos oportunamente ni que cada hospital cuente con los insumos necesarios.

Para evaluar las diferencias entre los anuncios generales y las experiencias de los pacientes se requieren datos desglosados por institución, unidad médica, medicamento y periodo, además de información sobre recetas completas, entregas pendientes y disponibilidad efectiva.

La contratación de médicos cubanos, otro punto de controversia

Gómez del Campo también cuestionó los convenios del Gobierno mexicano para incorporar médicos procedentes de Cuba. En su columna, afirmó que estas contrataciones se relacionan con prácticas de explotación laboral y retención de salarios, y dirigió acusaciones contra el partido gobernante.

Esas afirmaciones deben distinguirse de los hechos documentados. La columna no aporta resoluciones judiciales, expedientes ni pruebas específicas que permitan concluir que los acuerdos señalados constituyen trata de personas.

La discusión sobre estas contrataciones involucra cuestiones diferentes: la necesidad de cubrir plazas médicas, las condiciones contractuales de los profesionales, el destino de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas laborales.

Para evaluar las acusaciones es necesario examinar los convenios correspondientes, sus condiciones de pago, las obligaciones de las partes y las pruebas disponibles sobre posibles irregularidades. Sin esa documentación, no es correcto presentar una acusación política como una conclusión judicial.

El reto de medir las carencias del sistema de salud

La disponibilidad de medicamentos es solo una parte de la capacidad de atención sanitaria. También influyen la cantidad de médicos y enfermeras, el equipamiento, los tiempos de espera, la infraestructura y la posibilidad de recibir atención especializada.

En septiembre de 2026, la Secretaría de Salud informó sobre nuevas inversiones en hospitales, equipo médico y contratación de personal. Esos anuncios permiten identificar las medidas que el Gobierno afirma estar implementando, pero no sustituyen una evaluación independiente de los resultados en cada unidad médica.

Una revisión completa tendría que contrastar esos avances con indicadores de atención efectiva: cuántos pacientes reciben los tratamientos prescritos, cuántas recetas quedan incompletas, cuánto tiempo esperan las personas por una consulta y qué hospitales presentan faltantes recurrentes.

También sería necesario conocer cómo se distribuyen los recursos entre las instituciones y las regiones, ya que un promedio nacional puede ocultar diferencias importantes entre hospitales.

Lo que falta por comprobar

La columna de Mariana Gómez del Campo vuelve a colocar el funcionamiento de los servicios públicos de salud en el debate político. Sin embargo, para dimensionar las carencias descritas se necesitan datos específicos y verificables que permitan conocer dónde ocurren, a cuántas personas afectan y qué medidas se han tomado para corregirlas.

El contraste entre los anuncios oficiales y la atención que reciben los pacientes requiere información transparente y comparable. La evaluación del sistema no depende únicamente de los recursos adquiridos o de las instalaciones inauguradas, sino también de que los servicios, medicamentos y tratamientos estén disponibles cuando la población los necesita.