Giran nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por lavado de dinero

La investigación atribuye a una presunta estructura financiera operaciones cercanas a los 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025. La orden también incluiría a su hijo y a otros cuatro señalados, mientras seis empresas aparecen vinculadas con los movimientos bajo investigación.

Una nueva orden de aprehensión habría sido emitida contra Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario del certamen Miss Universo, por su presunta participación en una organización dedicada a la delincuencia organizada y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala movimientos financieros cercanos a los 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025, mediante operaciones que presuntamente involucraron empresas sin capacidad operativa y transferencias entre sociedades y cuentas personales.

La orden judicial también incluiría a Mauricio Jesús Rocha Botello, hijo del empresario y presidente de Miss Universe México, así como a Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez.

De acuerdo con la información publicada el 18 de octubre de 2026, el mandamiento fue librado por Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Los señalamientos corresponden a una investigación ministerial y no equivalen a una sentencia condenatoria.

¿Quiénes están incluidos en la nueva orden de aprehensión?

Además de Rocha Cantú, la investigación involucra a otras cinco personas a quienes se atribuyen distintas funciones dentro de la presunta estructura financiera.

Entre los señalados se encuentran su hijo, Mauricio Jesús Rocha Botello, y los empresarios Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez.

Según la imputación descrita en la información publicada, la FGR atribuye presuntas funciones de liderazgo a Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar, mientras que a otros involucrados les asigna tareas de supervisión y operación.

La investigación también examina la participación accionaria, los cargos empresariales y las facultades para operar cuentas bancarias que habrían tenido algunos de los señalados.

La responsabilidad individual de cada persona deberá establecerse a partir de las pruebas y las resoluciones judiciales correspondientes.

Las seis empresas vinculadas con la investigación

El expediente referido en las publicaciones identifica seis sociedades que presuntamente habrían intervenido en la concentración, circulación y transferencia de los recursos investigados:

GI Euromex, S.A. de C.V.
Impulsora Eagle, S.A. de C.V.
Legacy Equity Group, S.A. de C.V.
Soluciones Gasíferas del Sur, S.A. de C.V.
Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan, S.A. de C.V.
Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú, S.A. de C.V.

La hipótesis ministerial sostiene que estas compañías habrían participado en diferentes etapas de un esquema de operaciones financieras presuntamente ilícitas.

Sin embargo, la inclusión de una empresa en una investigación no demuestra por sí misma que todas sus actividades sean ilegales ni establece automáticamente la responsabilidad de sus accionistas, administradores o empleados.

Así habría funcionado el esquema financiero investigado

De acuerdo con la imputación difundida, la presunta estructura operaba mediante varias etapas.

En la primera, alrededor de 17 empresas señaladas como sociedades de papel habrían transferido recursos a GI Euromex. Según la hipótesis de la Fiscalía, esas compañías carecían de infraestructura, personal o capacidad operativa suficiente para justificar las operaciones investigadas.

En una segunda etapa, GI Euromex habría concentrado parte de los recursos y realizado transferencias a distintos destinatarios, incluidas cuentas personales de algunos de los investigados.

En la tercera, ciertas personas y sociedades habrían recibido dinero de otras compañías y lo habrían transferido a terceros sin una relación comercial, laboral o fiscal que, según la investigación, justificara los movimientos.

Esta descripción corresponde a la hipótesis ministerial referida en las publicaciones. Para establecer si las operaciones constituyeron lavado de dinero será necesario acreditar su origen, destino, características y relación con los delitos investigados.

Los movimientos millonarios identificados en las cuentas

Un dictamen de la FGR fechado el 4 de agosto, citado en la información periodística, identifica a GI Euromex e Impulsora Eagle como dos de las principales concentradoras de los recursos bajo investigación.

Los movimientos bancarios descritos en ese documento incluyen las siguientes cantidades:

GI Euromex

Depósitos: 1,830 millones 582 mil 280.78 pesos, entre el 25 de febrero de 2015 y el 2 de diciembre de 2025.
Retiros: 457 millones 665 mil 373.44 pesos, durante el periodo señalado en la investigación.

Impulsora Eagle

Depósitos: 762 millones 761 mil 209.62 pesos, entre el 13 de agosto de 2018 y el 14 de noviembre de 2025.
Retiros: 38 millones 500 mil 58.40 pesos, entre diciembre de 2018 y mayo de 2025.

Las publicaciones también detallan movimientos en cuentas personales de algunos de los investigados.

En las cuentas atribuidas a Rocha Cantú se reportaron depósitos por 125 millones 76 mil 522.33 pesos y retiros por 107 millones 532 mil 483.51 pesos, en los periodos consignados en el expediente.

Para Andrés Javier Vázquez Ruiz se señalaron depósitos por 224 millones 744 mil 797.97 pesos y retiros por 92 millones 756 mil 469.60 pesos.

En el caso de Alberto Charlan Salazar, los depósitos reportados ascendieron a 54 millones 696 mil 706.23 pesos, mientras que los retiros sumaron un millón 14 mil 439 pesos.

Estas cifras describen movimientos financieros atribuidos a la investigación. Por sí solas, no permiten concluir que cada depósito o retiro sea ilícito ni que el total de las operaciones bancarias corresponda a dinero proveniente de delitos.

¿Por qué enfrenta otra orden de aprehensión?

La nueva orden se suma a un procedimiento anterior relacionado con presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas e hidrocarburos.

La información publicada señala que Rocha Cantú había obtenido el beneficio de testigo colaborador, pero la Fiscalía canceló ese beneficio después de que, según los reportes, incumpliera obligaciones relacionadas con su comparecencia.

El empresario fue señalado como prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre de 2025 en relación con ese procedimiento previo. La situación procesal exacta de la orden anterior y de los recursos legales que pudiera haber promovido debe verificarse con las resoluciones judiciales correspondientes.

La nueva investigación por presunto lavado de dinero constituye una línea distinta, aunque se relaciona con el mismo empresario.

¿Qué sigue en el caso de Raúl Rocha Cantú?

La emisión de una orden de aprehensión permite a las autoridades proceder conforme a los términos del mandamiento judicial, pero no significa que las personas señaladas hayan sido declaradas culpables.

La investigación deberá avanzar mediante las diligencias ministeriales y judiciales correspondientes. Entre los puntos centrales están esclarecer el origen y destino de los recursos, determinar el papel de las empresas y precisar la participación que habría tenido cada persona.

También será importante conocer las resoluciones posteriores sobre las órdenes de aprehensión y los posibles medios de defensa.

Hasta que exista una resolución judicial que determine responsabilidades, las acusaciones deben presentarse como señalamientos de la Fiscalía y no como hechos penalmente probados.